México.- Se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por medio del cual las obras públicas federales son declaradas de interés público y de seguridad nacional, con ese carácter obtendrán una dispensa de trámites, permisos, licencias y autorizaciones por afirmativa ficta.
Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la -autorización provisional- (con vigencia de 12 meses) necesaria para iniciar los proyectos u obras. Dicha autorización se otorgará en un plazo de 5 días. Transcurrido dicho plazo sin que haya emitido la autorización se entenderá en sentido positivo.
Esta disposición es aplicable para obras de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles. Prácticamente un abanico que cubre todas las obras del gobierno federal.
Esta medida es sumamente alarmante, sobre todo, cuando de forma reciente se han dado a conocer investigaciones periodísticas que revelan la asignación discrecional de contratos a empresas fantasma y con giros no relacionados con la materia contractual. También, cuando el 80.6% de los contratos otorgados en este año 2021 han sido entregados por adjudicación directa según lo confirman los análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esta medida genera profundas dudas sobre el compromiso del actual gobierno con la transparencia y el combate a la corrupción.
El Decreto es violatorio de la Constitución porque atenta contra la división de poderes al pretender evadir con un acuerdo, disposiciones que soy ley aprobadas por el Congreso; Atenta contra la libre competencia y fomenta la discrecionalidad en la realización de obras públicas; Trasgrede mecanismos legales de consulta y participación ciudadana como son las consultas a pueblos indígenas y en materia ambiental.
Pero el impacto del decretazo puede ser todavía mayor y severamente perjudicial, porque tiene el potencial para dañar de forma irreparable los derechos humanos de los ciudadanos. Es materialmente imposible que dependencias públicas emitan en 5 días, dictámenes y análisis profundos que eviten impactos negativos en el desarrollo de las obras públicas. Precisamente, las disposiciones legales vigentes -que se buscan evadir con el decreto- están diseñadas para proteger derechos y asegurar el correcto desarrollo de los proyectos de infraestructura.
Con el decreto, los ciudadanos quedan en total estado de indefensión frente a la autoridad ya que verán cómo sus derechos humanos y certeza jurídica pueden ser atropellados. Por ejemplo, una obra podría ser devastadora con el medio ambiente y el derecho a la salud, sin consecuencias para las autoridades y sin garantías para que el daño sea reparado.
Desde COPARMEX advertimos la gravedad de la medida publicada, y exhortamos al Poder Ejecutivo a revertir la publicación de dicho Decreto para que quede sin efectos. Antes que cualquier obra o proyecto están los derechos humanos y la plena vigencia de nuestro Estado de Derecho.
Con información de la Coparmex
