México.- Diputadas de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD pidieron a autoridades federales, estatales y municipales realizar acciones para erradicar la venta de niñas en el país, particularmente en Guerrero.
En conferencia de prensa de carácter presencial, la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) indicó que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), casi 20 mil niñas de 12 y 14 años viven en matrimonio o unión libre.
Precisó que los estados que concentran la mitad de las niñas en esa condición son: Estado de México, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Puebla.
Dijo que según estadísticas de la asociación civil “Yo quiero, yo puedo”, cuatro de cada 10 niñas son vendidas para casarse con hombres adultos en al menos 66 comunidades del municipio de Metlatonoc, Guerrero.
Mencionó que en un reportaje de la periodista Eréndira Aquino para el medio digital “Animal Político”, se reveló que los precios que pagan por las niñas en Guerrero van de los 30 mil pesos a los 180 mil pesos dependiendo de la edad, las habilidades para las labores del hogar e incluyendo si son bonitas o no.
“El matrimonio infantil representa una violación grave a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Son las mujeres quienes en mayor medida contraen matrimonio antes de los 18 años de edad por presiones económicas, sociales y culturales en el país”, señaló.
La también integrante de la Comisión de Igualdad de Género recordó que en 2014 se promulgó la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la cual establece a los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin embargo “los casos en México persisten, argumentando en muchos casos usos y costumbres”.
“En algunos estados el motivo es una tradición del dote o venta de las niñas, lo que puede considerarse trata de personas”, precisó.
Citó que la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron una recomendación en 2014, que a la letra dice: “El pago de dotes y de un precio por la novia que varía entre las comunidades practicantes puede incrementar la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la violencia y otras prácticas nocivas, el marido o sus familiares pueden participar y a las niñas a la violencia y otras prácticas nocivas”.
Enfatizó que el matrimonio infantil tiene consecuencias de embarazo temprano, violencia sexual y de género, deserción escolar, mortalidad materna, pobreza y en general limita las oportunidades de la vida de las niñas y adolescentes.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, recordó que la semana pasada quienes integran dicha estancia legislativa presentaron un punto de acuerdo para exigir al Pleno de la Cámara de Diputados que condene los hechos ocurridos el pasado 9 de octubre en la comunidad de Dos Ríos, Cochoapa el Grande, Guerrero, donde se encarceló a una adolescente que escapó tras un matrimonio forzado.
Asimismo, dijo que se exhortó a diversas autoridades estatales y municipales para que se determinen las responsabilidades penales y se brinde no sólo justicia, sino protección, reparación integral a las víctimas, así como adopción de medidas para garantizar la no repetición de estas acciones delictivas
Mencionó que en la pasada legislatura se aprobaron reformas al Código Civil en materia de prohibición del matrimonio infantil, a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos en el artículo 28.
“Está bien tener reformas, pero hacen falta presupuesto y voluntad política para que realmente estas menores tengan oportunidades reales”, abundó.
La diputada exhortó al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA) para que dé a conocer los datos más recientes en la materia.
“Necesitamos hacer valer la presencia del Presidente de la República en la cabeza de SIPPINA, por lo que le queremos pedir que use esa fuerza para que haga valer todos los derechos de las niñas”, añadió.
A su vez, la diputada Efrosina Cruz Mendoza (PRI) cuestionó qué están haciendo el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Gobierno de Guerrero y el sistema de justicia en los casos de ventas de niñas en la entidad.
Consideró que en la venta de menores tiene que ser sancionado todo aquel que entrega a una niña y pidió que se eliminen totalmente estos usos y costumbres de dicha práctica en las comunidades, porque “se les arruina la vida a las niñas”.
A su vez, Margarita Zavala Gómez (PAN), secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, solicitó que el PEF 2022 se enfoque a favor de la niñez y la promoción de sus derechos para que la venta de niñas no vuelva a suceder.
Con información de la Cámara de Diputados
