Analizan con representantes de la SCJN, FGR, CNDH, Segob, TFJA, TEPJF, TSA y del CEAV requerimientos sobre el PEF

México.- La Comisión de Justicia, presidida por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), se reunió ayer con representantes de la SCJN, FGR, CNDH, Segob, TFJA, TEPJF, TSA y del CEAV, con el fin de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

El diputado Macías Olvera señaló que esta reunión es para conocer las opiniones y perspectivas respecto a lo que será el periodo presupuestal 2022, en la impartición y procuración de justicia.

Destacó que lo planteado se verá traducido en lo que las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia estarán plasmando en su opinión a la Comisión de Presupuesto de lo que esperan para el ejercicio 2022.

Dijo que “no hay una intención más grande de nosotros que tengan los insumos, recursos y herramientas necesarias para atender el anhelo de la gente, que es el derecho del acceso a la justicia, tanto en las vías de la impartición como en la procuración”.

Intervención de las y los diputados

El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) señaló que se tiene la coincidencia de que si en algo deben invertir y de lo que está sediento nuestro país es de justicia. “Yo les pediría congruencia, queremos que haya recursos para la justicia; sin embargo, estamos amparando a quienes tendrían que contribuir a la Federación, al fisco, dándoles todo tipo de beneficios”.

La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) dijo que están conscientes del gran trabajo que realizan desde las instituciones de procuración e impartición de justicia y para su grupo parlamentario, es una prioridad darle fortaleza a este Poder, porque allá afuera la gente está ávida de justicia y de acabar con la impunidad, pero eso no se hace si no logramos reforzar las instituciones.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI) indicó que esta reunión con las autoridades les permite ir definiendo el rumbo del presupuesto. “Estoy convencida de que el tema de justicia requiere un gran apoyo, especialmente en lo local, que es donde se tienen rezagos”.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) comentó que el Estado de derecho es una preocupación constante que tienen los mexicanos, porque se quiere una justicia pronta y expedita que lamentablemente no se da. Agregó que se debe incentivar una nueva cultura de los juicios en línea para que se agilicen los procedimientos.

Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez manifestó que se tiene que dotar de los recursos económicos necesarios para terminar de consolidar y establecer el nuevo sistema de justicia penal. “También es necesario capacitar no solamente al personal del Poder Judicial sino a los elementos policiacos, porque ellos son los primeros que tienen contacto en el tema de la cadena de custodia”.

La diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) dijo que preocupa la disminución de los presupuestos respecto a las obligaciones que tienen las instituciones, sin tener un recurso adecuado, como la deuda histórica con la atención a víctimas, el combatir la impunidad, garantizar los derechos humanos, capacitación, pero todo esto requiere presupuesto.

De Morena, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz manifestó estar a favor de la justicia administrativa y otras materias de manera autónoma, tanto de los demás poderes como del Poder Judicial. “Entre más leyes federales, más centralizado es el país, entre más leyes nacionales, más unitario se vuelve nuestro país”.

El diputado Guillermo Octavio Huerta Ling (PAN) comentó que la Cámara de Diputados entrará a un proceso de aprobación del presupuesto. “Lo estamos haciendo el día de hoy, con esta reunión, donde los distintos secretarios de las dependencias nos platican de sus necesidades presupuestarias para el siguiente año, que traen con toda transparencia, nosotros vamos a dar una discusión para ver lo que presentan”.

Intervención de las y los ponentes

Diego Gutiérrez Morales, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y representante del Consejo de la Judicatura Federal, dijo que la propuesta de presupuesto presentada constituye el mayor esfuerzo de austeridad y fue elaborada tomando en consideración el enorme reto que ha planteado para nuestro país la continuidad de la pandemia. El presupuesto sometido a consideración de la Cámara de Diputados asciende a 76 mil 723 millones de pesos para el Poder Judicial de la Federación en su conjunto.

El oficial mayor de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, indicó que solicitará a esta soberanía un presupuesto apegado y congruente con las medidas de disciplina presupuestaria, que además permita garantizar la eficiente operación de la institución y fortalezca los resultados institucionales, por la cantidad de 17 mil 966 millones de pesos, lo que representa un incremento del 0.3 por ciento en términos reales respecto de lo aprobado en 2021.

Ángel Gómez Garza, coordinador general de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que es necesario continuar fortaleciendo las capacidades institucionales de la comisión nacional para lograr una mejor defensoría del pueblo, especialmente de personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

Crescencio Jiménez Núñez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que el presupuesto es el principal instrumento de política pública que tienen las instituciones gubernamentales para alcanzar objetivos que han planteado en beneficio de la sociedad. “Yo les solicito a las y los integrantes de esta Comisión, su apoyo y respaldo para garantizar que dentro del Presupuesto de Egresos 2022 haya recursos suficientes para la formación, capacitación y profesionalización de los operadores de justicia penal”.

Rafael Anzures Uribe, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), comentó que el techo presupuestal que les fijó la Secretaría de Hacienda para el ejercicio 2022 es de 2 mil 986 millones de pesos, el cual es el mismo que nos ha fijado en los últimos tres años. “En el tribunal no requerimos ampliación o mayor presupuesto, lo que se nos ha fijado es el necesario”.

Marcela Loredana Montero de Alba, secretaria Administrativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que para el próximo año el tribunal está solicitando 2 mil 797 millones de pesos. “Ayúdenos a lograr el mayor presupuesto posible para solventar estos gastos que son indispensables para la operación del tribunal en beneficio de todo el país.

José Luis Álvarez Salgado, titular de la Unidad General Administrativa del Tribunal Superior Agrario (TSA), manifestó que en los últimos cuatro años el presupuesto histórico que se le ha otorgado al tribunal agrario ha venido en una disminución del 18.4 por ciento, esto de alguna forma agrava la posibilidad de poder tener una atención puntual; sin embargo, a pesar de esa situación y de la pandemia, los tribunales no han dejado de atender.

Hanzel Homero Alvizar Bañuelos, director general de Administración y Finanzas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), comentó que para la integración de este presupuesto se han puesto como los principales objetivos proporcionar la atención que requieran las víctimas, tanto en la orientación jurídica, médica, psicológica, trabajo social, asesoría jurídica y recursos.

David Alejandro Jiménez Padilla, director General de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, resaltó que reactivar el sistema nacional de atención a víctimas es uno de los puntos que nos urge para poder generar un mayor impacto y llegar a más personas. Agregó que la atención que se da en la comisión no solo es jurídica sino tiene una dimensión de atención psicológica, médica y trabajo social.

Con información de la Cámara de Diputados

Número de vistas 55

Clima

CIUDAD DE MÉXICO

Hoy no circula

Tipo de cambio

Tipo de cambio USD: sáb, 23 Nov.

Lo último

Notas relacionadas

Marilyn Cote es vinculada a proceso

FacebookTweetPrint Marilyn Cote fue vinculada a proceso por presunta responsabilidad en delito de usurpación de profesión.  La Fiscalía de Puebla le impuso la medida cautelar de prisión preventiva