México.- Combate a la corrupción, compras, adjudicaciones directas, empresas fantasma, contrataciones irregulares de personal, deficiencias en programas, protección de datos y austeridad, fueron de los principales temas que diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD, expusieron ayer al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.
Lo anterior, en el marco de las dos rondas de preguntas-respuestas-réplicas de la comparecencia del funcionario ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la de Transparencia y Anticorrupción, con motivo del Análisis del Tercer Informe de Gobierno.
Hay retos en combate a la corrupción e impunidad
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), afirmó que hay muchos aspectos donde se tendrá que trabajar de manera activa: transparencia, gobierno y datos abiertos, detección a tiempo de actos de corrupción, control de la impunidad y rediseño de sistemas.
Resaltó que se puede mejorar en temas de preocupación colectiva, que es el caso de las compras públicas y la alta prevalencia de adjudicaciones directas. “Seguramente es un tema que tendremos que evaluar con seriedad. La compra de medicamentos, los controles en la entrega de apoyos y las reglas de operación en su aplicación en la política social, así como algunos escándalos de corrupción”.
Subrayó que aquí se han establecido necesidades importantes: revisión del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización, todo lo que tiene que ver con los archivos y el acompañamiento de instituciones autónomas, que es el caso del INEGI. “Estos asuntos se convierten en un tema de Estado y no deben admitir sesgos ni de partido ni de ideología; es un tema muy serio”.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), mencionó que el éxito o fracaso en el combate a la corrupción y a la impunidad no puede ser mérito o responsabilidad de una sola persona o institución, porque es producto de la coordinación y cooperación entre instituciones de los tres Poderes de la Unión.
Reconoció los esfuerzos que la Secretaría de la Función Pública realiza en el Sistema Nacional de Fiscalización, “pero es del interés de esta Comisión hacer las gestiones para que se profundice el diálogo y las sinergias entre la dependencia y la Auditoría Superior de la Federación, porque ambas concurren hacia un mismo fin: cerrar el paso a las prácticas de corrupción y terminar con la impunidad”.
Añadió que quedan retos, como las adquisiciones del Gobierno Federal a través de la asignación directa, particularmente la posible corrupción en las compras de insumos durante la contingencia sanitaria, así como consolidar avances en materia de fiscalización. “En el combate a la corrupción no basta con la voluntad política, sino con instituciones sólidas para dar resultados”.
Morena
El diputado Juan Guadalupe Torres Navarro externó que el actual gobierno debe seguir trabajando para prevenir la corrupción, mediante el fortalecimiento de la vigilancia y transparencia. Que la cárcel sea el único destino de los corruptos, destacó. Preguntó sobre la competencia de la Función Pública en la fiscalización del gasto federalizado y atención de los montos observados a los gobiernos estatales.
El diputado Azael Santiago Chepi (Morena) conminó a las y los legisladores a que sin simulación se combata y erradique la corrupción en todas las instancias de Gobierno Federal, local y municipal, y que los recursos públicos sean para combatir la desigualdad, fortalecer el bienestar de las y los mexicanos, así como fomentar la cultura de la denuncia.
La diputada Inés Parra Juárez denunció que en la Secretaría de Bienestar se continúa con las viejas mañas del condicionamiento en la entrega de los programas sociales con fines de promocionar candidaturas locales, el clientelismo y la sectorización, así como el nepotismo en la asignación de los cargos de base. Preguntó cuántos funcionarios de esa Secretaría están en un proceso penal por actos de corrupción detectados y cuántos han sido separados.
En tanto, el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz precisó que en el gobierno de la Cuarta Transformación, el combate a la corrupción es de verdad y “hoy con lo que nos ha dicho el secretario y las herramientas que tiene, podemos contar con padrones de programas en que hay personas de carne y hueso, podemos investigar y saber a quiénes se les hace llegar ese recurso; hoy se entrega de manera personal”.
PAN
La diputada del PAN, Patricia Terrazas Baca señaló que en el tema de compras existe la mayor corrupción, no sólo en el área estatal y municipal, sino en la federal. Cuestionó cuándo se dejará de aplicar la contratación por adjudicación directa, pues 93 de cada 100 contratos son por esa vía, y hay un otorgamiento de 52 contratos a empresas fantasma por 162 millones de pesos. “Seguimos esperando el combate a la corrupción, porque no se ha tomado en serio”.
El diputado René Figueroa Reyes afirmó que el titular de la Función Pública tiene la responsabilidad de combatir actos corruptos en la actual administración. Basta recordar casos de exfuncionarios, funcionarios y de programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, la adjudicación sigue siendo la forma favorita de contratación, estableció.
La diputada Sonia Murillo Manríquez se manifestó por dar a México un gobierno que cumpla con responsabilidad, eficiencia y honestidad. Externó su inquietud por las anomalías en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, donde se contrató a amigos y familiares a efecto de atender a deportistas de alto rendimiento. Pidió conocer las operaciones y beneficios de la bitácora electrónica de seguimiento a adquisiciones.
El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera argumentó que el funcionario es corresponsable de no cumplir con el objetivo fundamental de combatir la corrupción en el Gobierno Federal. “La lucha contra la corrupción y la impunidad del presidente de la República es sólo en el discurso, es una vil mentira, es una de las grandes promesas de campaña incumplidas; el tiempo nos ha dado la razón y las pruebas sobran”.
PRI
El diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante señaló que la corrupción se opone al desarrollo, destruye la gobernanza y corrompe a la patria, gobierno y ciudadanía. Preguntó cuál será la estrategia del gobierno para consolidar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas y la ruta hacia garantizar su desempeño dentro de la SFP.
La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz preguntó al titular de la Función Pública qué medidas se han diseñado para corregir deficiencias de programas como Sembrando Vida y en adquisición de medicinas, toda vez que para el presupuesto 2022 son rubros que destacan con montos importantes para el ejercicio del gasto.
A su vez, el diputado Jaime Bueno Zertuche pidió explicar los avances respecto de la vulneración de datos del 58 por ciento de los trabajadores del servicio público, donde se expusieron cuestiones personales como ingreso, inmuebles, cuentas bancarias, porque a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó investigar y deslindar responsabilidades, no se ha reportado.
La diputada Karla Ayala Villalobos apuntó que es necesario implementar acciones concretas para castigar al culpable y reparar el daño. Este tipo de situaciones no debe repetirse, por lo que la SFP tiene que proteger datos de servidores públicos, ya que su resguardo es fundamental para garantizar el derecho a la seguridad e intimidad.
PVEM
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo (PVEM) comentó que el combate a la corrupción ha sido una prioridad en la Secretaría, por lo que tiene criterios para sancionar faltas administrativas, además de fortalecer el marco normativo a fin de evitar la simulación. Cuestionó al funcionario respecto de cuáles son las medidas que se aplican con el objetivo de dar continuidad al Programa Anual de Fiscalización.
El diputado Gilberto Hernández Villafuerte reconoció el papel de la dependencia no sólo en el manejo de la gestión gubernamental, sino por impulsar la transparencia, lo cual evita conductas indebidas y el mal manejo de recursos públicos. Todo ello, agregó, contribuye a distribuir de mejor manera los recursos sin afectar la operación de entidades públicas ni los programas presupuestarios del gobierno.
La diputada Valeria Santiago Barrientos dijo que su bancada entiende que el mandato ciudadano fue conformar un gobierno eficaz y eficiente. En este sentido, cuestionó al funcionario cómo ha beneficiado la política de austeridad en el desempeño de la administración pública y cuáles son los objetivos para los próximos tres años en materia de combate a la corrupción.
PT
En tanto, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos inquirió cuáles son los alcances que tienen los Comités de Ética en la identificación y prevención de eventuales conflictos de interés de los servidores públicos y cuáles han sido las reacciones y disposiciones de los funcionarios que incurrieron en esa hipótesis. Asimismo, qué tanto ha mejorado la fiscalización de la SFP y en qué consisten las principales innovaciones en estos procesos respecto del pasado.
El diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez cuestionó cómo ha mejorado, en términos de honradez y eficiencia, el sistema de contrataciones públicas en el actual Gobierno Federal, respecto de los anteriores; cuántos y de qué naturaleza son los ahorros del nuevo Sistema de Contrataciones Públicas.
MC
El diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro refirió que la tercera revisión de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación señaló que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene irregularidades por más de 50 millones de pesos, debido al probable uso de empresas fantasma, registros indebidos, entrega de recursos a jóvenes que ya recibían apoyos para estudiar y beneficiarios que ya habían fallecido. Por ello, preguntó qué acciones concretas se han realizado a fin de atender estas observaciones.
Por su parte, la diputada Amalia Dolores García Medina preguntó cómo fue la adquisición del software Pegasus para los organismos de seguridad del Estado, cuáles eran los protocolos que normaban su actuación, “quiénes decidían el manejo de este software que no era para la delincuencia ni para terroristas, sino que afectó a personas en nuestro país con un manejo político”.
PRD
La diputada Elizabeth Pérez Valdez cuestionó cuáles fueron las acciones preventivas y de seguimiento en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para evitar la malversación de los fondos; cuántas denuncias se han presentado ante la FGR, cuáles son los resultados, cuántas personas han sido detenidas o están bajo prisión preventiva oficiosa y cuántas enfrentan proceso.
El diputado Marcelino Castañeda Navarrete cuestionó qué tan cerca se está de erradicar la corrupción en el sector salud. Cuántas personas y empresas han sido sancionadas, denunciadas a la Fiscalía General de la República o presentadas ante la autoridad judicial; cuántos millones de pesos se recuperaron o se ha evitado que se pierdan por la corrupción. “Cuántas vidas se han salvado por haber combatido este terrible mal”.
Adjudicación directa es legal
En su respuesta, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, precisó que el método natural para las compras debe ser la licitación, pero cuando se hace y queda desierta constantemente se puede adjudicar. En 2020, dijo, la licitación pública ocupó el 40 por ciento del gasto en compras, y en lo que va del año se lleva el 55 por ciento.
La adjudicación directa por montos de actuación, añadió, en 2020 fue 7 por ciento y, en 2021, va al 1.5 por ciento; la adjudicación directa por excepción, la que todo mundo cree que debe eliminarse, en 2020 fue de 35 por ciento, “ése es el punto crítico que tenemos que atender”.
Añadió: “Cuándo se dejará, yo creo que nunca, porque es una posibilidad que se tiene y es legal”. Además, detalló, con el SAT, la UFI y la Secretaría de la Función Pública se trabaja en el caso de las empresas fantasma.
El funcionario indicó que el diseño de las adquisiciones de medicamentos es para romper todos los monopolios que había de farmacéuticas “que nos vendían a precios exagerados las medicinas y prácticamente teníamos que aceptar sus condiciones”. Precisó que se recurrió a la parte internacional a fin de traer estos medicamentos y se creó el Insabi como una institución especializada en las adquisiciones.
Mencionó que el presidente de la República enviará una propuesta para reformar el artículo 37 de la Ley Orgánica, a fin de que la SFP tenga la interpretación de la normatividad de adquisiciones. El propósito es “que tengamos el control de todas las adquisiciones”.
Indicó que asciende a dos billones de pesos lo que va al gasto federalizado, de ellos la Secretaría únicamente tiene atribuciones para fiscalizar aquellas inversiones a través de recursos federales y que son transferidos mediante convenios con los estados. “No tenemos las atribuciones; estos recursos son de los estados y, por tanto, la Secretaría no podría intervenir porque sería atentar a la soberanía de los estados”.
Precisó que quien sí tiene facultades es la Auditoría Superior de la Federación, pero cuando se ha dado la Cuenta Pública, no antes. Agregó que de los dos billones “nosotros tenemos la posibilidad de fiscalizar 268 mil millones de pesos; es mucho, pero es sobre el 12 por ciento de todos los recursos que se van a los estados”.
Algunas observaciones a los estados, dijo, es que no cumplen con lo pactado. En 2019, añadió, se nos dejó cerca de 55 mil millones de pesos en irregularidades. “Estamos haciendo un gran trabajo con los gobernadores y, de esa cifra, se ha acordado más de 20 mil millones de pesos”.
Salcedo Aquino precisó que se denunciaron 77 millones que se habían otorgado como apoyos a entrenadores en los programas de Alto Rendimiento. La Secretaría realizó tres auditorías a la Subdirección de Calidad para el Deporte; se emitieron 6 observaciones por un monto superior a los 50 millones. De las faltas no graves, derivaron 14 sanciones.
Respecto a la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones, expuso que es una plataforma específica, ya que se tardó un año en construir y fue con recursos propios. “Ahí se dejará huella de cada uno de los pasos específicos de todo lo que dice la Ley de Adquisiciones; en su momento, podremos ver en tiempo real las irregularidades y actuar inmediatamente”.
Puntualizó que la lucha contra la corrupción es real, concreta y empieza desde la parte de la Fiscalía General de la República, a fin de evitar que la política se meta en los asuntos de corrupción.
Sobre la Secretaría de Bienestar, dijo, se tienen 76 denuncias por presuntas faltas administrativas, de ellas 75 están en investigación. La mayoría son por incumplimiento de las reglas de operación, conflicto de intereses, nepotismo y desvío de recursos públicos.
Dijo tener toda la voluntad para que el Sistema Nacional Anticorrupción trabaje en sus responsabilidades, ya que ello potencializa los resultados de la lucha anticorrupción; sin embargo, añadió, es necesario que se labore en coordinación.
En cuanto a la filtración de datos de servidores públicos, explicó que se estaban perfeccionando las plataformas de datos; no obstante, en el proceso se expusieron las declaraciones patrimoniales y el RFC. Añadió que se notificó al Inai e iniciaron los procesos de investigación a través de tres expedientes; posteriormente, el Instituto pidió cumplir diez medidas, entre ellas la actualización del documento de seguridad, lo cual se prevé concluir antes del mes diciembre.
Explicó que la dependencia busca mejorar la gestión pública mediante su perfeccionamiento en la eficacia y combate la corrupción, por ello revisa las estructuras y capacidad de gestión en dependencias y entidades. Además, supervisa que los perfiles de los puestos sean los correctos y de acuerdo con la ley orgánica y reglamentos interiores.
En el tema de política de austeridad, mencionó que en lo que va de la administración se han ahorrado cerca de 300 mil millones de pesos mediante el recorte de gastos en comidas, viáticos, viajes al extranjero, así como la reducción de estructuras gubernamentales y sueldos a altos funcionarios.
El secretario dijo que se han encontrado y sancionado por conflicto de intereses a varias personas que dijeron no tener ningún problema, pero se fueron encontrando con las investigaciones. Y precisó que romper el Código de Ética es romper con los principios fundamentales del servicio público. La SFP está fortaleciendo todos los comités de ética en cada una de las dependencias.
El funcionario señaló que la SHCP, a través de su Oficialía Mayor, ha perfeccionado todo el desarrollo de una contratación consolidada. “No hay un contacto entre el servidor público y el ofertante, ése es un avance enorme para contener la corrupción”.
El secretario dijo que todo el procedimiento del software Pegasus se realizó en los servicios de información de inteligencia de la subsecretaría correspondiente y de la Policía Federal, en concreto. Ahí se realizó toda esta operación, y nosotros tenemos abierta la investigación para contestar precisamente las dudas que se tienen desde quién las adquirió, para qué se adquirió y por qué se utilizó en situaciones que no eran las de inteligencia. “Nosotros estamos sustanciando este asunto y pronto lo tendrá la Fiscalía General de la República”
Respecto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, afirmó que se da seguimiento puntual y se ha visto el perfeccionamiento de todos los manuales de organización y procesos a fin de evitar irregularidades con el cumplimiento de las reglas de operación. “Tenemos acciones preventivas, reuniones de trabajo, asesorías y seguimiento de aspectos operativos del programa”.
Con información de la Cámara de Diputados
