México.- Al encabezar la conferencia para presentar el documento que señala los agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, enfatizó que se necesita una estrategia integral y que las autoridades locales cumplan con su responsabilidad en prevenir las agresiones y amenazas en contra de este sector de la sociedad.
“Si lográramos disminuir las agresiones o amenazas que provienen de la propia autoridad, que ese es un dato alarmante, cómo el principal agresor y factor de riesgo es la autoridad en el ámbito municipal con grupos delictivos, tendríamos un resultado muy significativo”, subrayó.
El subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez anunció que harán una revisión al marco legislativo y normativo que regula el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para lo cual –dijo– ya se estableció con el Congreso de la Unión la ruta para iniciar las reformas legislativas y de procedimientos.
Al hacer dicha presentación ante personas representantes de medios de comunicación, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, resaltó que la política de protección es de Estado y están involucradas todas las autoridades de los diferentes poderes y órdenes de gobierno en términos no solo de protección, sino de prevención en estos sectores.
Explicó que el mecanismo se crea en 2012, a partir de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para coordinar las acciones entre todos los órdenes de gobierno, y aclaró que el éste es una herramienta extraordinaria que no suple las obligaciones de las policías estatales y municipales en función de seguridad y es obligación de las fiscalías emitir las medidas cautelares que autónomamente les corresponden.
“Es decir, tenemos que seguir recalcando que el mecanismo es una medida extraordinaria, lamentablemente en los últimos años no es así. Somos un área de primer contacto ante la deficiencia y la falta de voluntad política de las diferentes autoridades, es el mecanismo quien entra en primer sentido y quien se ha hecho cargo del 85 por ciento de las medidas que otorga el mecanismo son vía su presupuesto”, indicó.
Enrique Irazoque Palazuelos presentó la cifra actualizada de las personas incorporadas al mecanismo y precisó que al inicio de la actual administración se encontraban incorporadas 798 personas. A la fecha se han adherido 708 más, lo que equivale a un incremento superior al 88 por ciento, es decir, se encuentran incorporadas mil 506 personas, de las cuales 495 son periodistas (136 mujeres y 359 hombres) y mil 11 son personas defensoras (543 mujeres y 468 hombres).
Detalló que de éstas, el 54 por ciento (271) de las personas periodistas incorporados al mecanismo se concentra en seis entidades federativas: Ciudad de México (76), Guerrero (56), Tamaulipas (46), Quintana Roo (41), Sonora (26) y Veracruz (26).
Asimismo, 57 por ciento (583) de las personas defensoras de derechos humanos se concentran también en seis estados: Ciudad de México (126), Oaxaca (123), Chiapas (93), Michoacán (92), Jalisco (79) y Estado de México (70).
También visibilizó la cifra general de homicidios de periodistas y personas defensoras de derechos humanos entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021, entre esas fechas –resaltó– se han registrado 47 homicidios a periodistas y detalló que en seis entidades se concentra el 61 por ciento de los homicidios: Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca.
La cifra de las personas defensoras de derechos humanos, para la mismas fechas, es de 94 en seis entidades que concentra el 67 por ciento (63) de los homicidios: Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán.
Destacó que estas cifras son a nivel general y las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas incorporadas al mecanismo en el mismo periodo, son seis periodistas y dos defensores.
Anunció la firma de convenios de colaboración con las 32 entidades federativas, a fin de generar la política pública de prevención contra las agresiones y amenazas a este sector de la sociedad, así como intensificar la proyección de los casos vigentes y generar los protocolos estrictos de seguridad, y adelantó que este octubre se firmará el convenio con los gobiernos de Coahuila, Morelos y Quintana Roo.
Con información de la SEGOB
