México.- El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditar el programa La Escuela es Nuestra, para que se conozca sobre el ejercicio de los recursos destinados a rehabilitación y mantenimiento de escuelas públicas de nivel básico.
En un comunicado, el legislador panista recordó que durante más de un año se suspendieron las clases en las escuelas públicas por la pandemia de Covid-19, sin embargo, en el reciente regreso presencial a clases se detectaron cientos de planteles vandalizados y con infraestructura precaria, por lo que no se explica en qué se canalizaron los recursos de este programa.
“La Escuela es Nuestra, que lleva a cabo la SEP, ha resultado un programa con falta de transparencia, con métodos que no nos brindan certeza y seguridad sobre el manejo de los recursos; es por eso que vamos a promover desde el PAN un punto de acuerdo para que la ASF haga una auditoría exhaustiva del programa durante los últimos tres años”, señaló.
Destacó que este programa, al segundo trimestre de 2021, ha ejercido el 83 por ciento del total del presupuesto asignado, de casi 10 mil 121 millones de pesos; sin embargo, en este regreso a clases presenciales se ha detectado que las condiciones de los planteles no son óptimas porque a lo largo de los meses que se suspendieron las actividades no se les brindó ningún tipo de mantenimiento.
De acuerdo con datos contenidos en el Primer Informe de la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas elaborado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 48 mil 667 escuelas requieren reparaciones de infraestructura y más de 31 mil planteles no cuentan con agua potable, subrayó.
Abundó que dicho informe destaca que las escuelas con necesidades de tipo hidráulico, de electricidad y sanitarias están concentradas sobre todo en los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Guerrero.
“Entre 2010 y 2021 el gasto público en infraestructura educativa ha caído, en promedio, 21.6 por ciento real cada año. Tan sólo en 2021, el presupuesto asignado a este propósito asciende a 240 millones de pesos, lo que resulta 79.1 por ciento menor en términos reales, comparado con el gasto ejercido en 2020”, explicó Téllez Hernández.
Recordó que el programa fue creado para sustituir las funciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) que desapareció en 2019; y de esta manera la responsabilidad de administrar los recursos públicos destinados a infraestructura educativa fue transferido a Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) conformados por directivos escolares y padres de familia.
“La decisión de esta administración no está del todo planeada, como tristemente nos han acostumbrado, ya que es necesario que especialistas analicen el mantenimiento y la construcción de una escuela, y no una sociedad de padres de familia, con lo que aumenta el riesgo de accidentes fatales en las escuelas”, aseveró.
Acusó que, en el reciente regreso a clases presenciales, autoridades escolares solicitaron a los padres de familia, además de la “cuota voluntaria”, aportaciones en especie para limpiar, desinfectar y realizar mantenimiento menor en los planteles educativos.
Con información de la Cámara de Diputados
