México.- La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) propuso exhortar a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Educación Pública, así como al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), a fin de que revisen, de manera urgente y coordinada, los lineamientos relacionados con la operación de estas instituciones educativas.
El punto de acuerdo busca que no se vulneren los derechos laborales de las y los maestros que forman parte de esas universidades y se revisen los mecanismos para brindarles certeza jurídica a sus puestos de trabajo, garantizando la estabilidad institucional.
En la propuesta, remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, precisa que se han hecho públicas denuncias por despidos injustificados realizados desde la Dirección General y la Dirección Académica de sus diversas sedes
“Los reportes mencionan que más de 150 maestras y maestros han sido despedidos injustificadamente a lo largo del país y que debido a eso se han formado asambleas de trabajadores de las Universidades del Bienestar para manifestarse en contra”, señala.
Agrega que, conforme a un documento firmado por 70 trabajadores despedidos en 19 estados, se exigió la intervención de autoridades federales para solucionar esta problemática, reconocer sus derechos laborales, la reinstalación de todas y todos quienes fueron removidos de sus puestos, con seguridad social, cese a descuentos y retenciones indebidas de jornadas trabajadas, reconocimiento de antigüedad, pago de jornada completa y libertad de cátedra.
La respuesta que se ha dado, refiere, es que estas Universidades son un programa de subsidios, por lo que no contempla la contratación de profesores, ya que, en la retribución económica, los docentes son considerados beneficiarios sociales.
“Para la autoridad los contratos con los maestros son convenios temporales y se les considera como subsidios, por lo que no pueden ser considerados como despidos”, subraya.
Además, añade, entre las denuncias se destaca que bajo represión se obliga a maestros a firmar convenios de prestación de servicios educativos con el objetivo de no otorgarles derechos laborales.
Detalla que existen inconsistencias en la situación laboral de las y los maestros que brindan sus servicios en esas Universidades, y los reclamos por su situación laboral requieren la atención urgente de las autoridades federales; por ello, considera que se requiere una pronta respuesta que permita dar certeza jurídica a quienes con su labor ayudan a fortalecer el programa.
Dicho programa surge como respuesta a encontrar una solución al problema de rezago educativo de tipo superior, y la necesidad de ampliar significativamente las posibilidades de acceso a través del establecimiento de sedes en municipios ubicados en zonas del país con mayor pobreza, rezago en desarrollo social, y situaciones de violencia, que les permitan potenciar sus capacidades para alcanzar niveles dignos y adecuados de vida, destaca.
Puntualiza que la mayoría de quienes fueron despedidos cuentan con estudios de posgrado, 60 por ciento con maestría, 24 por ciento con doctorado y 6 por ciento pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, además de su experiencia en el trabajo comunitario y han sido pieza clave para los resultados del programa.
Con información de la Cámara de Diputados
