Francisco Salvador Robles Berlanga*.
Desde hace dos meses, el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, se encuentra asediado por las fuerzas del CJNG. Cierto es que, fieles a la instrucción de “abrazos no balazos”, el Ejercito y la Guardia Nacional se habían mantenido sin intervenir en una guerra que, día a día, escala y se hace más cruenta e inhumana. Hasta hace unos días, la única resistencia provenía de las llamadas autodefensas, que algunos identifican como el grupo Cárteles Unidos.
A través de los reportajes presentados por Ciro Gómez Leyva, los mexicanos hemos sido testigos del despliegue y capacidad de combate que han desarrollado las falanges del CJNG, y del uso que hacen de tácticas terroristas para amedrentar y desalentar cualquier intento de resistencia por parte de la población local.
Localizado al oeste de la entidad, en la llamada tierra caliente, Tepalcatepec limita al norte y oeste con el estado de Jalisco y al este con los municipios michoacanos de Buenavista, Coalcomán, Aguililla y Apatzingán. Región estratégica para el control de las rutas de trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos.
Entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2021, en la región conformada por los 5 municipios michoacanos señalados y Jilotlán de los Dolores, el municipio jalisciense desde donde se ha desplegado la ofensiva del CJNV contra Tepalcatepec, se han abierto 329 carpetas de investigación por homicidio doloso. De ese total de muertes violentas registradas, el 86% se cometieron con arma de fuego.
De acuerdo con ello, Tepalcatepec y los municipios colindantes presentaron el año pasado (2020), una tasa equivalente a 47.2 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, que duplica el promedio nacional -22.56-, y es comparable con la violencia que en la actualidad enfrentan Colima, Colima; Irapuato, Guanajuato; Jerez, Zacatecas; Urique, Chihuahua; Guadalupe, Nuevo León y Acapulco, Guerrero.
La violencia criminal que vive esta porción de la Tierra Caliente michoacana es una muestra de lo que sucede en amplias regiones del país, dónde los cárteles han sentado sus reales, erigiéndose en un poder paralelo que, además de mantener el control sobre amplios territorios, realizan cobro de gravámenes (derecho de piso, cuotas), asignan la obra pública, y designan autoridades municipales y estatales, funciones legalmente asignadas al Estado. A estas prácticas, se suma el despojo o expropiación de bienes privados y la leva forzada de jóvenes de comunidades y localidades rurales, obligando a sus habitantes a abandonar hogares y patrimonio, para encontrar refugio en zonas consideradas seguras.
En este escenario de violencia agravada, el gobierno Federal se enfila hacia una mayor militarización de la seguridad pública centrada en la Guardia Nacional (GN) a la que se busca fortalecer mediante cuatro acciones: a) su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, desnudando así el origen y esencia militar que desde su nacimiento tuvo y se negó por todos los medios, b) mayor disposición de recursos presupuestales (50 mil millones de pesos adicionales para 2022), c) incremento de su fuerza de tarea, y d) construcción de más instalaciones -500 cuarteles-, lo que supera con mucho los 266 programados originalmente.
“Porque esto es también muy importante la presencia territorial, no una corporación que se mueve y que va a un estado cuando hay problemas o cuando se agrava el asunto de la inseguridad, de la violencia. No. Que permanentemente estén en el territorio, en las distintas regiones”. López Obrador, Andrés, conferencia de prensa 26 de julio de 2021. Veracruz, Veracruz.
Si la militarización, la mayor presencia territorial y la creciente capacidad de operación de las fuerzas armadas constituyen los pilares de la estrategia de seguridad de la 4t, dificilmente veremos cambios sustantivos en los indicadores delictivos, igual que no los hemos visto desde 2007. Año en que se apostó por la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Menos aún será posible alcanzar resultados significativos, si la GN, el Ejercito y la Marina, permanecen atadas de manos, recibiendo ordenes de no enfrentar a los cárteles de la droga. La presencia territorial pasiva no basta para generar una caída en los indices de violencia criminal.
Como se infiere de las estadisticas delictivas oficiales, la “paz con abrazos” que pregona, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, está lejos de alcanzar resultados perceptibles y dificilmente permitirá cumplir las funciones esenciales del Estado orientadas a “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas”. Frente al año más violento de la gestión de Peña Nieto (2018), la disminución de la violecia criminal en esta administración ha sido marginal. Los datos delictivos disponibles indican que en el mejor de los casos, al terminar el año, la situación se mantendra sin cambios significativos.
En las llamadas Regiones Prioritarias, que incluyen 266 municipios, dentro de los que se encuentran Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingan, la reducción promedio fue imperceptible (-0.7%). En ellos, la violencia letal se encuentra estancada en una meseta de 19 mil homicidios dolosos anuales. Sólo para contextualizar, hay que señalar que el 67% de las muertes violentas del país, ocurren en los municipios prioritarios, a pesar de que en sus territorios se encuentran desplegados al menos, 80 mil efectivos
Los juegos discursivos sirven para ganar el aplauso fácil de los incondicionales pero son de nula o poca utilidad para garantizar la tranquilidad, la certidumbre y la seguridad de los ciuidadanos. Recitar como mantra la “verdad oficiosa” que el supremo quiere inducir, no es suficiente para ocultar la crisis de seguridad que amenaza la democracia y los derechos humanos en México.
Los resultados estan a la vista de todos, lo que está pasando en Michoacán es un prólogo de lo que puede ocurrir en el resto del país si no modificamos a tiempo esta fallida estrategia de seguridad. La Guardia Nacional, se ha convertido en una terrible simulación para avanzar en su absorción por la SEDENA, en una creciente confusión de tareas entre la seguridad pública y la seguridad nacional, el resultado a la vista no parece ser otro que la militarización del país, México está en peligro.
* Maestro en Políticas Públicas Comparadas (FLACSO), experto en seguridad y prevención.
