México.- Con motivo de la declaración del día de ayer, por parte del Canciller de nuestro país, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, en el sentido de presentar de manera formal una demanda ante la justicia estadounidense, en contra de 11 fabricantes de armas, es preciso señalar que la labor de controlar, regular y limitar el flujo de armas entre particulares es una responsabilidad directa e ineludible que compete al orden estatal.
En este sentido, es claro que la delincuencia organizada no distingue fronteras ni límites territoriales y dada su capacidad de operación ha aprovechado los vacíos legales para llevar a cabo su actividad.
A este respecto, el Gobierno de México ha presentado de manera formal una demanda civil en las Cortes Federales de Boston, en contra de 11 empresas fabricantes de armas, ya que se ha concluido que son conscientes de que sus productos son objeto de tráfico y uso ilícito en contra de civiles y autoridades de nuestro país, priorizando la mercadotecnia para promover armas con mayor letalidad sin mecanismos de seguridad.
Mientras nuestro país cuenta con una robusta legislación en materia de portación de armas de fuego y explosivos por parte de particulares. En Estados Unidos la regulación en la materia, así como su tradición jurídica, ha colocado de manera constante en las mesas de debate la discusión acerca de su regulación.
Resulta lamentable que, mientras libramos una importante lucha contra la inseguridad y el delito, en Estados Unidos fabricantes privados lucren con la libre venta y disposición de armas, lo que ha servido de pauta para que a nuestro país lleguen en los últimos 10 años 2.5 millones de armas contrabandeadas de manera ilegal.
Por lo anterior, esta Comisión de Seguridad Pública se pronuncia de manera abierta en favor de las acciones legales emprendidas por el Gobierno Federal ante el Tribunal del Estado de Massachussets, reafirmando su compromiso con la paz y la seguridad, así como con un importante control legal, a fin de erradicar el grave problema de tráfico de armas que afecta a nuestro país.
Con información de la Cámara de Diputados
