Carlos J. Pérez García.
Hace días se elevó bastante la temperatura de la larga e intensa guerra que se libra desde el viejo palacio virreinal contra los medios de comunicación más importantes en México y el extranjero. Ahora se amplía incluso más allá de los medios impresos… a los electrónicos.
El caso es que cuando alguien que miente tanto se atreve a acusar a los demás de mentirosos, las cosas se tienden a complicar. Con insultos o sin ellos, el radicalismo de unos lleva al radicalismo de otros a lo largo de todo tipo de acusaciones.
Ese día, antes de lo más esperado en la conferencia mañanera, se introdujo una explicación oficial de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre un asunto programado, además de un estudio de medios contratado por el gobierno a una empresa. En suma, en la sección de “mentiras”, éste cuantifica numerosos registros de información de medios muy diversos en torno a la imagen del presidente.
El mes de julio revisaron 543 medios (programas de radio y televisión, periódicos y revistas), y se hizo la presentación de estos resultados. En los impresos con más menciones negativas sobre AMLO resaltan Reforma (99 y 4 positivas), El Universal (101 frente a 5), El Financiero (61 por 12) y La Crónica (53 con 5). Los programas de televisión y radio muestran desequilibrios semejantes (de 29-1 a 30-5 o 17-3), en tanto que para decenas de columnistas —vistos uno por uno— el 30% menciona al mandatario federal en forma negativa y 3% de manera positiva, lo que significa 617 alusiones negativas por 55 positivas en el período.
Se destacó así, para “que el pueblo conozca el mal comportamiento de los medios”, el gran desequilibrio entre menciones “positivas” y “negativas” como una serie de ataques inmorales (manipulación, más que información), no como posibles críticas generalizadas o incluso justificadas y sin algún interés siniestro, al menos buena parte de ellas. El que una referencia sea negativa se considera aquí mal periodismo (no que sea falsa), y si es positiva resulta aceptable sin analizar si es verdadera o no. Digamos, un hecho negativo (no falso) es rechazado por el gobierno federal.
En fin, tal como se había anunciado, el reconocido periodista Julio ‘Astillero’ Hernández acudió a la conferencia de este miércoles 28 para ejercer su derecho de réplica en el segmento llamado “Quién es quién en las mentiras”, que ha tenido serios problemas en su operación y alcance o justificación. El experimentado Hernández López, de origen lagunero y potosino, fue preciso y contundente en su argumentación a favor de la declaratoria total de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito al sur-poniente de la capital del estado de San Luis Potosí, con un millón 244 mil habitantes en su zona conurbada.
Las reacciones de los altos funcionarios fueron de muecas y alegatos de desconocimiento sobre lo planteado por el reportero en su réplica, con relación al más o menos conocido proyecto en curso de un desarrollo que quedaría fuera del área protegida (mil 805 hectáreas de un total de 109 mil 636). Creo que mucho se habrá podido aclarar cuando todo esto termine.
Miren, de hecho, continúa la descomposición en diversos órdenes y niveles del Estado y la Sociedad Civil. La impunidad se ha enseñoreado y extendido a tal grado que el Estado de Derecho se ha visto deteriorado en su conformación y necesaria aplicación. Todo ello afecta de manera muy negativa las perspectivas económicas y sociales del país.
En especial, los pleitos se dan ya entre casi todos… brotan ataques y contraataques a partir de los escandalosos ejemplos superiores, lo que aleja y complica aún más la solución de tantos problemas importantes. Sin actitudes distintas, fíjense, no se ve por dónde.
* EL CASO ELECTORAL DE San Luis Potosí sigue pendiente, aunque los más interesados deduzcan que ya quedó resuelto a su favor o un tribunal local señale algo que le corresponde. Habremos de esperar lo que se determine en el INE y, sobre todo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Hay tanto en juego aquí que se prevé la continuación de avisos o amenazas, al igual que de beneficios o atenciones especiales a quienes deben aplicar la Ley. Nos podemos preguntar si la existencia previa de irregularidades sugiere que podrán recurrir de nuevo a otras irregularidades en las próximas semanas.
@cpgarcieral
