México.- El diputado Eugenio Bueno Lozano (PAN) propuso que el Ejecutivo Federal cancele la consulta popular sobre enjuiciamiento a servidores y exservidores públicos, programada para el 1 de agosto, y destine esos recursos a la adquisición de un mayor número de dosis de la vacuna contra la Covid-19.
En un comunicado, informó de la presentación de un punto de acuerdo, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con ese propósito.
Indicó que México se encuentra nuevamente en una nueva ola de contagios de Covid-19, “en tanto el Gobierno de la República sigue con una estrategia fallida en la implementación de medidas que permitan a la ciudadanía aminorar el impacto en la salud y economía de los mexicanos”.
Sostuvo que desde el pasado 23 de diciembre a la fecha México ha recibido 73.7 millones de dosis, pero se reporta que únicamente el 16.5% de la población mexicana cuenta con el esquema completo de vacunación.
“Actualmente el país enfrenta la tercera ola de infectados por Covid-19 y el titular del Ejecutivo Federal ha decidido realizar una consulta popular con el riesgo de aumentar la propagación de contagios por el capricho presidencial”, expresó.
Bueno Lozano consideró que la consulta es un mecanismo de participación ciudadana y la solicitud del titular del Ejecutivo se encuentra dentro de sus facultades como Presidente de la República, “pero la pregunta formulada violenta los derechos humanos de los afectados, esto de conformidad con lo establecido en la Constitución General de la República, que establece que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de derechos”.
Aseguró que la dichosa consulta costará a los mexicanos 528 millones de pesos, según información del propio Instituto Nacional Electoral, además se instalarán alrededor de 60 mil casillas receptoras
“Si hay elementos para iniciar un procedimiento de carácter administrativo o penal, el gobierno no tiene porqué preguntar a los mexicanos si queremos que se aplique la ley, es un hecho que cualquier mexicano quiere que se haga justicia y se aplique la ley cuando se conoce de un hecho delictivo. Por otra parte, ante este supuesto, la Fiscalía General de la República deberá ejercer su función desde la autonomía que le otorga la Constitución”, agregó.
Mientras tanto, mencionó que, de acuerdo con cifras oficiales, se han presentado dos millones 659 mil 137 casos por Covid-19; más de 237 mil defunciones. “Queda claro que existen mayores prioridades que una consulta cuyos tintes son políticos y solo generan un gasto innecesario, mismo que podría destinarse en incrementar el número de vacunas adquiridas con la finalidad de hacer frente a la actual pandemia y la llamada tercera ola de contagios, dijo.
Con información de la Cámara de Diputados
