Por. Raúl Flores Martínez
Ya está lista la gran consulta para juzgar a los expresidentes de México, una consulta cacareada desde el presidente Andrés Manuel López Obrador y su séquito de focas aplaudidoras de la 4T.
Una consulta para la cual se destinaron 528 millones de pesos, que para los cuatreros de la 4T, no es mucho comparado con lo “robado” por los expresidentes, pero para los padres de los niños con cáncer que no han tenido sus quimioterapias, es un monto que bien podría salvarle la vida a varios pequeños y personas con esta enfermedad.
Una consulta por demás estúpida y engaña bobos por lo siguiente: ¡en qué país se consulta la aplicación de la ley? No señoras, no señores, la ley no se consulta, se aplica y listo.
De lo contrario, entonces todos aquellos delincuentes o personas que cometan o quieran cometer un delito, tienen todo el derecho de exigir que se les haga una consulta, dónde se pregunte, si pueden ser juzgados por sus delitos y así evitar la aplicación de la ley.
Solamente los gobiernos bananeros engaña bobos, con su bandera de bienestar y democracia, destinan millones de pesos en recursos públicos, dinero de cada uno de los contribuyentes, para preguntar, si la ley debe aplicarse.
Una consulta promovida por las huestes morenistas, esa que recibieron durante los sexenios de los expresidentes que se quiere juzgar, sus bultos de cemento, sus vales de despensa, ayudas económicas, incluida la torta y el refresco en los eventos públicos.
528 millones de pesos, que como lo dijo en su momento el panista Ricardo Anaya, alcanzaría para un millón de vacunas y becas a 20 mil estudiantes por un año.
“Con 500 millones se comprarían más de 1 millón de vacunas, se podrían construir 67 nuevas escuelas primarias, dos universidades, o 25 unidades deportivas. Alcanzaría para becar con dos mil pesos mensuales por un año a más de 20 mil estudiantes”.
Así de miserables son los gobiernos bananeros de izquierda, esos que pregonan el bien de los demás, que ahorran los centavos y despilfarran los pesos.
La aplicación de la ley no debe ser negociable, mucho menos consultada, porque entonces todos los criminales por derecho, deberían tener una consulta para preguntar, si les aplican la ley o no.
