“Cuando la ciencia da armas, hay que utilizarlas”, dijo este domingo el presidente francés, Emmanuel Macron, horas más tarde de que 160 mil personas se manifestaran en el país contra su plan de establecer un certificado sanitario, cuyos trámites parlamentarios se han ralentizado más de lo previsto.
“Me alegro de que en los últimos quince días hayamos constatado una fuerte subida de la vacunación. Vamos a pasar el umbral de los 40 millones de primovacunados, tenemos que continuar, porque hay dosis disponibles y la vacuna es la única protección eficaz”, dijo el jefe del Estado, durante una visita oficial a la Polinesia Francesa.
La necesidad de vacunarse acaparó este domingo buena parte de sus declaraciones desde el Pacífico Sur, mientras que en París los senadores adoptaron de madrugada el proyecto de ley con importantes modificaciones, que requirieron la reunión entre diputados y senadores este domingo por la tarde para hallar un acuerdo.
Sobre las 19:00 horas de este domingo, la prensa francesa señaló que había un principio de acuerdo de cara a la adopción del texto durante la noche.
Ya desde el pasado miércoles, el certificado sanitario -de vacunación, de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses o un test negativo de las 48 horas anteriores- se impuso mediante decreto para la entrada en museos, cines, teatros y salas de deporte.
Pero Emmanuel Macron también quiere que el documento se extienda para acceder a bares, restaurantes, cafeterías, centros comerciales y transportes públicos de largo recorrido. El objetivo: acorralar al máximo a los antivacunas.
El proyecto de ley, que incluye además la obligación para el personal sanitario de vacunarse contra el coronavirus antes del 15 de septiembre, empezó a ser debatido el pasado miércoles en la Asamblea Nacional hasta su aprobación 48 horas más tarde, y tardó casi 24 horas en ser aceptado por el Senado, la pasada madrugada.
Los senadores, en su mayoría de la derecha, han introducido modificaciones importantes, como la condición de vincular la extensión del certificado sanitario al restablecimiento del estado de emergencia hasta el 31 de octubre, o la exención de los centros comerciales.
La Cámara alta ha eliminado también la obligatoriedad en terrazas y ha sacado a los menores de entre 12 y 18 años de la ecuación hasta el 30 de septiembre.
Además, los senadores quieren aplazar hasta el 15 de septiembre el uso del certificado para los trabajadores de los establecimientos en los que es obligatorio; han flexibilizado el aislamiento obligatorio de los contagiados y han introducido una enmienda para que los menores de 16 y 17 años puedan vacunarse sin autorización parental.
EFE
