Francisco Garfias.
Relativamente barato le salió al PVEM contratar mas de 100 influencers -200 mil pesos por cabeza- para hacer propaganda a favor de ese cuestionado partido, el mismo día de la jornada electoral.
Es reincidente y merecía el retiro del registro.
Los “ecologistas” no sólo se quedarán sin spots durante un año –en 2022 hay seis elecciones de gobernador— sino que deberán pagar una multa de 40 millones de pesos. Es lo que resolvió el INE.
Lo más grave de este asunto –que el PVEM no asume oficialmente como suyo–, es que ha provocado una guerra civil al interior de la agrupación política.
“Éramos el gran ganador: 40 diputados y el gobierno de San Luis Potosí. Fue una pendejada. Da coraje”, reconoce, fuera de grabadora, uno de sus dirigentes.
La fuente asegura que la dirigencia formal del partido se encontraba en el “cuarto de guerra” del entonces candidato de la Alianza PVEM-PT, al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el día de la jornada electoral. Se enteraron del escándalo de los influencers “por una nota de Reforma.”
La misma fuente nos asegura que ni Karen Quiroga, presidenta del PVEM, ni los senadores Manuel Velasco y Raúl Bolaños, ni el diputado Carlos Puente, ni Arturo Escobar estaban al tanto de la campaña supuestamente contratada.
No mencionó a Jorge Emilio González, otrora conocido como el “Niño Verde”.
–¿Quién pagó entonces a los influencers?– insistimos.
–Eso hay que preguntárselo a quienes cobraron. Quien lo hizo debe tener buena relación con la farándula– respondió.
Ya en 2015, el PVEM había incurrido en faltas semejantes. Celebridades del mundo del deporte y el espectáculo apoyaron a ese partido, vía twitter, en plena veda electoral.
Hablamos de Miguel Herrera, Gloria Trevi, Galilea Montijo, entre otros muchos. En esa ocasión, la sanción fue de risa: 7 millones de pesos.
Por eso reincidieron.
Una de las que más fuerte reclama el retiro del registro al PVEM es la diputada del MC, Martha Tagle.
Argumenta: “Las faltas reiteradas del Verde no se pueden sancionar nuevamente con una multa. Generalmente las impugnan, se las reducen y hacen pagos chiquitos, con recursos públicos.
“La sanción prevista en la Ley por faltas graves reiteradas es perder el registro”, puntualizó.
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El presidente López Obrador no le perdona al INE haber bajado de las candidaturas a los morenos Félix Salgado Macedonio, Guerrero; y Raúl Morón, Michoacán.
Quiere desaparecer al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tan cual los conocemos. Hay que renovarlos para que haya seriedad, argumentó ayer.
“Desde que cancelaron las candidaturas de Guerrero y de Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos”, aseveró.
Para sonarle de nuevo a los órganos electorales, aprovechó una pregunta sobre las multas que impuso el Instituto al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por el apoyo que le dio su esposa, Mariana Rodríguez, en redes sociales, pero también al PVEM por los influencers.
“Es lo más normal, que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hablen bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso es otra cosa”, dijo el presidente.
Puntualizó: “Yo veo esto más politiquero, porque ni siquiera diría ‘político’. La política es un noble oficio. Hay que ver quién está ahí maniobrando”.
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Tuvieron que pasar doce días para que el acuerdo que daba por terminado el bloqueo de la mina de San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, se cumpliera. El bloqueo duró, nada más, 18 meses contaditos.
La mina está concesionada a la canadiense Americas Gold and Silver, que lleva Darren Blasutti. Los trabajadores son del sindicato que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia.
En ese lapso, acusa la empresa, representantes del sindicato hicieron todo para obstaculizar la visita de inspección de funcionario de la Secretaría del Trabajo, a pesar de que el presidente de la República comprometió su palabra.
“La próxima apertura, sin parte del grupo de 14 trabajadores que bloquearon la mina ilegalmente, no garantiza que en el corto plazo haya un ambiente de tranquilidad”, advierte.
En American Gold and Silver están convencidos de que, a pesar del acuerdo, Napoleón exigirá salarios caídos, como si se hubiese tratado de una huelga y no de un bloqueo.
Pero además persiste el riesgo de la presencia del crimen organizado, que tiene sus intereses en la operación de la mina, particularmente en el negocio de transporte de materiales.
¿Y la Guardia Nacional que prometió el presidente? Brilla por su ausencia.
FIN.
