Dolores Colín.
El grito desesperado de la sociedad mexicana, desde siempre ha sido para vivir en un estado de derecho que asegure la paz en todo el territorio nacional.
La promesa del Presidente López Obrador en campaña, en el mensaje del triunfo electoral de 2018, y en un sinnúmero de Mañaneras es que nos va a extinguir el flagelo de la violencia.
Sin embargo, la realidad nos aleja de ese propósito.
Un hecho que nos enmarca la impunidad es cómo la sección instructora de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Pablo Gómez, no pudo ejecutar el juicio de procedencia de los diputados Saúl Huerta (acusado de abuso de menores ) y Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito, por condicionar el desafuero del Fiscal de Morelos; Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, precisó a Ignacio Mier que en el tema de Morelos se incurriría en la violación del amparo, lo que enfrentaría a los poderes Legislativo y Judicial. Lo cual impidió el desafuero del diputado Huerta que es un peligro por ser violador de menores, un pederasta.
Y ni hablar de los conflictos entre la población y los grupos de la delincuencia organizada que hemos vivido en los últimos tiempos en los estados de Zacatecas, Chiapas, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, por no enlistar las 32 entidades. Que además se suman los delitos de feminicidios, desaparición forzada, pago de piso.
El Presidente López Obrador admitió en la Mañanera que si no consigue reducir la violencia en el país; no va a poder acreditar históricamente a su Gobierno. Y tiene muy complicada la tarea de pacificación, en lo que va de su gestión tan solo de homicidios dolosos hay más de 89 mil y la impunidad por el estilo.
SUSURROS
1. Importante es el trabajo de la senadora de Morena, Antares Vázquez, quien consciente de los desafíos que enfrenta México en temas de salud, realizó el Foro “Dolor Crónico y Cuidados Paliativos, retos legislativos en México”, el objetivo es visibilizar la necesidad de políticas públicas dirigidas a los pacientes con dolor crónico, quienes ven afectada drásticamente su calidad de vida y necesitan de las instituciones del sector salud acciones específicas para sobrellevar su padecimiento que actualmente afecta al 27% de la población mexicana; situación que se agudiza debido a la emergencia sanitaria de SARS-CoV-2, donde 50% de las citas, tratamientos planificados o de diagnóstico han sido interrumpidas de acuerdo a datos de la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor (Fedelat).
2. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), que preside el capitán Salvador López Contreras, manifestó su disposición en colaborar con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para poner en marcha la nueva ley de subcontratación en beneficio de los trabajadores del país en general y del sector seguridad privada en particular. La industria de Seguridad Privada está integrada por 3 mil 500 empresas con una plantilla de 500 mil trabajadores que generan 2% del Producto interno bruto (PIB) del país. Especializados, los 125 integrantes de la AMESP ya se preparan para cumplir los lineamientos de la Ley de Subcontratación para sus empresas, antes de la fecha límite el 24 de julio.
