Francisco Garfias.
Sergio Arturo Ramírez Muñoz dejó de ser abogado de Rosario Robles desde el año pasado. Su postulación como diputado federal suplente de Morena fue vista por la ex secretaria de estado como impedimento para que continuara su defensa en el caso de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Hace meses que Ramírez no la ve. Ya había sido advertido que la ex secretaria de estado no autorizaba ninguna declaración mediática sobre su caso, aseguran en el entorno de Robles.
Ramírez, sin embargo, anunció ayer su renuncia como abogado de Rosario porque, sostuvo, la ex titular de Sedesol no aportó información que involucrara en la “estafa maestra” a ningún alto funcionario.
Según el letrado, la falta de colaboración con la FGR impidió que Rosario se acogiera al llamado “criterio de oportunidad” –algo así como la figura de testigo protegido en Estados Unidos- para llevar su proceso en libertad.
Fuentes allegagadas a Rosario ya le reviraron:
“Lo que quieren (en el gobierno) es que Rosario les cuente una historia que es la que tienen y que es falsa: que Luis Videgaray es el artífice de la Estafa Maestra. Puros inventos.”
Videgaray fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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La conducta de Sergio Arturo Ramírez tiene otro ángulo. Violó el secreto profesional del abogado.
Sabemos que Robles ya analiza con Epigmenio Mandieta, su abogado en funciones, el procedimiento que van a seguir frente a la violación de la confidencialidad cometida por Ramírez.
Al igual que otros profesionales, los abogados tienen el deber de no revelar, por cualquier vía o forma, ningún tipo de información que haya podido conocer en virtud de la relación profesional que le une a su cliente. No importa que sea información secreta o ya conocida.
El incumplimiento de ese deber puede derivar en responsabilidad disciplinaria, civil o penal para el abogado infractor y, además, la información aportada, vulnerando el secreto profesional, carece de valor probatorio porque se habrá socavado el derecho a la defensa y a la intimidad del cliente.
En el tema de la “Estafa Maestra”, Rosario ha mantenido la misma postura desde el principio. Ha repetido que están los entregables, que se hicieron los convenios y que si las universidades contrataron a otras empresas y les dieron su moche, que las investiguen.
Hay más. El trato a Rosario ha sido diferenciado. A Ildefonso Guajardo le dieron la oportunidad de llevar su proceso en libertad; Emilio Lozoya tampoco ha pisado la cárcel.
Robles está en Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto del 2019, por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa: ejercicio indebido de la función pública. La mantienen allí por supuesto “riesgo de fuga”.
La ex secretaria enfrenta también acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero. Tiene una orden de aprehensión no ejecutada. Ramírez se ocupaba de esa acusación.
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Muy extraño que el presidente López Obrador se rehúse a recibir y a examinar las pruebas de la intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones del seis de junio. Mueve a reflexión.
Fue claro en la mañanera: “Con todo respeto le digo al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir, porque hay mucha politización y no me quiero meter en esas cosas. Que termine el proceso electoral, que se califiquen las elecciones, y entonces vemos…”. Volvió a decir que tiene que cuidar la investidura.
Silvano reviró en redes sociales que esa postura del primer mandatario viola en forma recurrente su derecho de audiencia, “como gobernador y como ciudadano.”
Añadió:
“No quiero que me reciba para que se politice la elección. Quiero que lo haga porque es un tema que pone en riesgo el futuro de México.
“Yo respeto su investidura. Se que es sostén y parte de la estabilidad democrática de este país. En consecuencia, quisiera pedir respeto por la investidura de los gobernadores y que me escuche. Presidente, no es Silvano Aureoles. Es la seguridad nacional”, escribió en twitter.
Otro gobernador en funciones que no va a recibir es al Tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque enfrenta un proceso legal.
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La Universidad Veracruzana le cerró el paso al consejero electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, en su pretensión de ser rector de esa casa de estudios, a pesar de que lo apoyaba el gobernador Cuitláhuac García. No cumplió con los requisitos establecidos.
El nombre del consejero no está en la lista de las y los trece aspirantes a la rectoría que sí cumplieron con los requisitos. La lista la dio a conocer la Junta de Gobierno de la citada universidad.
