México.- La diputada Febe Priscila Benavides Lozano (PT) impulsa una iniciativa que plantea que los menores de edad tendrán la oportunidad de incursionar en el ámbito laboral, siempre y cuando se garantice el principio del interés superior del menor y no violentando sus derechos humanos estipulados en la Constitución Política y los Tratados Internacionales que sean aplicables.
La iniciativa, que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, precisa que las niñas, niños y adolescentes tendrán el derecho al trabajo acorde a lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política, y el Estado promoverá el derecho al trabajo digno y socialmente útil.
Agrega que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán contar con un programa especial que garantice el derecho a la educación después de haber cumplido la mayoría de edad.
La propuesta adiciona un párrafo segundo a la fracción VII del articulo 57; un Capítulo Vigésimo Primero denominado “Del Derecho al Trabajo”, que comprende los artículos 101 Bis 3 y 101 Bis 4, de la citada ley, misma que fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su dictaminación.
Refiere que la reforma jurídica es pertinente, toda vez que protegerá a la niñez que a causa del clima de violencia dentro de sus familias tiene la necesidad de buscar un empleo para que puedan salir adelante ante la falta de un padre, madre o ambos que ejercieron violencia contra ellos y que por obvias razones no pueden volver a residir en el mismo lugar que habitaban con sus familiares.
Argumentó que otra secuela de la violencia familiar es que las niñas, niños y adolescentes descuidan o incluso abandonen sus estudios para salvaguardarse de su agresor, lo que genera un retroceso académico; por ello, agregó que es fundamental que las y los hijos víctimas de violencia que se encuentren en refugios cuenten con un programa especial respecto a su educación.
Indica que de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre 2016 y febrero de 2021 se registraron 3 millones 467 mil 003 llamadas para denunciar violencia familiar.
Ante ello, destacó que su propuesta está orientada a minimizar las afectaciones originadas por la violencia familiar, las cuales no sólo son físicas, sino psicoemocionales y académicas.
Con información de la Cámara de Diputados
