México.- Los legisladores federales del PRI, exigieron que el Gobierno de México respete los compromisos adquiridos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y asuma que no va a quebrantar sus obligaciones en materia de energía, medio ambiente, anticorrupción y libre competencia, a fin de aprovechar los beneficios de integración del acuerdo comercial.
En un comunicado, señalaron que el Congreso de la Unión debe solicitar al Ejecutivo federal honre los acuerdos internacionales y no ponga a México en estado de indefensión.
Asimismo, que el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) instaure mesas de trabajo con autoridades de los Estados Unidos de América y Canadá a fin de analizar el impacto negativo que las reformas en materia energética tendrán en la implementación del T-MEC; así como las consecuencias jurídicas a las que habrá lugar.
“La apuesta de los gobiernos de los tres países de América del Norte fue desarrollar una plataforma para ser competitivos, fortalecer cadenas de valor, dar beneficios a nuestras sociedades, y el acuerdo básico consistió en que cualquier cambio jurídico debe ser compatible con los compromisos establecidos en el Tratado, porque están al mismo nivel de la Constitución”, argumentaron.
Mencionaron que, en congruencia con las negociaciones del Gobierno mexicano, el Poder Legislativo aprobó adecuaciones al marco legal en materia de impuestos al comercio exterior, propiedad industrial, infraestructura de la calidad y derechos de autor, que permiten al país estar en posibilidad de dar cumplimiento al Tratado.
Los congresistas del PRI alertaron que la preocupación surge con las recientes reformas a las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, mismas que violentan diversos capítulos del T-MEC y pueden llevar al país a pisar tribunales internacionales donde, incluso, se nos podría exigir reparación de daños.
Además, explicaron que existe una queja en materia laboral contra México, sin soslayar que el Instituto Estadounidense del Petróleo (API), el cual agrupa a más de 600 empresas del sector energético, ha solicitado al Presidente Joe Biden actúe “ante violaciones al T-MEC cometidas por México”; acusan trato discriminatorio, respecto al comercio de bienes, las ventas y compras de empresas estatales y monopolios designados e imponer reglas adicionales a la inversión y probables expropiaciones indirectas ilegales.
Para reforzar su argumentación, el API refirió que organizaciones medioambientales estiman el impacto de la nueva Ley de la Industria Eléctrica de nuestro país, en un incremento de las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) entre el 15 y 20 por ciento; en tanto que la expulsión de Dióxido de Azufre (SO2) subirá 150 por ciento, abundó.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI reiteraron que “el hecho de cambiar las leyes no exime a México de los compromisos adquiridos en los acuerdos internacionales, por lo que es apremiante que el Gobierno federal asuma sus obligaciones”.
Con información de la Cámara de Diputados
