Francisco Garfias.
No es una película de terror. Es la realidad que vivimos en México. La violencia política que se manifiesta para intimidar, eliminar, imponer candidatos en distintas regiones del país.
Le tocó ayer a Octavio Pedroza, candidato de la Coalición PAN, PRI, PRD al gobierno de San Luis Potosí. Le dejaron un paquete con una cabeza de cerdo al interior de una hielera sellada. El paquete incluía una cartulina cuyo contenido no fue revelado.
Una escena al puro estilo de Vito Corleone en El Padrino, la película de Francis Ford Coppola.
“Nos quieren amendentar, pero esto sólo demuestra su desesperación y estilo de gobernar: con intimidación y de la mano de la delincuencia”, comentó Pedroza, al posesionarse en redes sociales sobre el hecho.
El “mensaje” le llegó cuando no habían pasado ni 24 horas del asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de MC a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato.
Nada se sabía tampoco de Omar Plancarte Hernández, el secuestrado candidato del Verde a la alcaldía de Uruapan, Michoacán. Ni quién le tiró balazos a José Alberto Alonso, abanderado de Fuerza por México a la Alcaldía de Acapulco.
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La violencia política es resultado de la creciente intervención de los cárteles de la droga en las elecciones. Matan, intimidan, amenazan para poner o quitar candidatos. Un reflejo del nulo control de las autoridades en buena parte del territorio nacional.
No se nos olvida que el ex embajador de EU, Christopher Landeau, calculó que los barones de la droga controlan alrededor del 40 por ciento de ese territorio.
A destacar que el Indicador de Violencia Política nos dice que, al mes de mayo, 83 políticos han perdido la vida. De ese total, 32 eran aspirantes o candidatos a un cargo de elección popular. El 89 por ciento opositores.
El presidente se limitó a lamentar los hechos y a culpar a los gobiernos locales. “Estos delitos corresponde atenderlos a las autoridades de los estados, son del fuero común”, dijo en la mañanera.
Segundos antes había admitido que, por lo menos en el caso de Moroleón, “sin duda es la delincuencia organizada”. Es delito federal, no del fuero común.
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Fue vinculado a proceso el empresario-conductor José Luis Morales, propietario de la emisora La Mexicana Aguascalientes, por violencia política en razón de género contra de la senadora del PAN, Marta Márquez. Es el primer caso de este tipo que la Fepade atiende, según la legisladora.
Marta nos cuenta que el hostigamiento de Morales comenzó desde que ella hacía campaña para el Senado. “El temor que tengo es que no se por qué se ensaña. ¿Qué más es capaz de hacer? Es un extorsionador. Si le pagas habla bien de ti, si no le pagas te ataca”, nos dijo.
Adjuntó a su declaración un video que sirvió a la Fepade para vincular a proceso al citado personaje.
En ese video, Morales califica a la senadora de “descarada”, de ser “amiguita” del gobernador Martín Orozco. “Hasta senadora la hizo”, dice.
Y más. “ayer andaba ofreciendo mil pesos a cambio de una foto. Si tu tienes un niño con cáncer busca a Marta Márquez. Ella te va a dar mil pesos a cambio de una foto para decir que está ayudando. Para lucrar como lo hacen los asquerosos panistas… ¡Qué ruin! ¡Qué bajeza! ¡No tienes madre Marta Márquez!”
Morales es reincidente. Hace tiempo tuvo que pagar medio millón de pesos al gobernador panista, Martín Orozco, por “daño moral”.
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La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no movió un dedo para evitar el bloqueo del Senado, donde iba a sesionar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El bloqueó lo realizaron ambulantes. Un tema local. Sheinbaum fue omisa con su deber. Dejó hacer, como siempre.
La sesión pudo haberse celebrado. Los legisladores iban preparados para hacerlo en forma virtual. No había motivo para suspenderla.
Pero se tomó la decisión de no sesionar hasta el lunes y eso molestó a los opositores. Los llevó a sospechar que hubo “mano negra”.
“La manifestación tiene demandas propias de la Ciudad. Exigimos a la Jefa de Gobierno que, en uso de sus responsabilidades, intervenga para que pueda funcionar un órgano del estado mexicano”, nos dijo el panista Marco Adame, vicepresidente de la Comisión Permanente.
Pero nada.
Adame recalcó que se trata de una manifestación que parece programada. Mano negra para impedir la sesión y no discutir los temas difíciles.
¿Cuáles? Violencia política, uso faccioso de las instituciones y abuso de poder, uso de programas sociales para incidir en el voto, Línea 12…
“La decisión de cancelar la sesión sienta un grave precedente. Bastan que ocho inconformes bloqueen y se acabó…”, advirtió.
FIN.
