México.- La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) pidió que la Comisión Permanente solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investigue y presente un informe sobre operaciones inusuales y cualquier movimiento financiero utilizado para fines electorales.
En un comunicado, indicó que con ese fin impulsa un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente se adhiera a la nota diplomática enviada por el Gobierno de México a la Embajada de los Estados Unidos, donde solicita considerar suspender el apoyo financiero que proporciona a la citada organización.
Huerta del Río propuso que se solicite al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que realice auditorías a ‘Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad’ y empresas que han sido sus donatarias, a efecto de determinar si cumplieron en todos sus términos con las disposiciones fiscales vigentes.
La legisladora suscribe al 100% la nota diplomática enviada por el Gobierno de México, en virtud de que es ilegal utilizar financiamiento de un país extranjero para procesos electorales y utilizar las figuras de las asociaciones civiles para evadir el pago de impuestos.
Asimismo, considera ilegal desviar los recursos de las asociaciones para fines personales en contra de la sociedad.
Huerta Del Río expuso que el gobierno de Estados Unidos, por conducto de su Embajada en México, aparece en los registros de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” como su principal donataria en los últimos dos años, al financiarla con 25 millones 700 mil pesos.
Dijo que quien ha presidido esa organización ha utilizado los recursos a efecto de oponerse al Gobierno de la Cuarta Transformación, “no por cuestiones ideológicas, democráticas o de derechos humanos.
“Más bien se ha opuesto ya que ha perdido privilegios tales como el de contratación directa de sus empresas, así como la condonación de impuestos”, añadió.
Las acciones de esta organización con relación al gobierno actual se pueden ejemplificar en dos puntos concretos: uno, oposición sistemática por medio de acciones legales en contra de las decisiones del Gobierno de la República y dos, intervención electoral para la conformación de la coalición “Va por México”.
La diputada federal señaló que, “respecto de las acciones legales para oponerse al Gobierno Federal, tenemos la interposición de 174 amparos en contra de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y para que la obra fuera conservada”.
Afirmó que Claudio X González ha pervertido las leyes para cometer acciones que bien pudieran considerarse delincuencia organizada, en vez de la operación de organizaciones de la sociedad civil para fines de ayuda social.
Finalmente, sostuvo que hay una presunta actividad de éste para, de manera directa, realizar acciones, con el fin de oponerse al gobierno de la Cuarta Transformación utilizando dinero de los Estados Unidos y desviando dinero que debía de pagar mediante impuestos.
Con información de la Cámara de Diputados
