Por. José C. Serrano
Más allá de las fugas de internos como la famosa evasión de El Chapo Guzmán, de los recurrentes motines, riñas entre bandas de la delincuencia organizada, asesinatos, maltrato y extorsión a los internos y sus familiares; de escandalosos e inadmisibles niveles de corrupción administrativa, tráfico de drogas, sobrepoblación, autogobiernos y comisión de delitos desde el interior de los inmuebles, la constante histórica es que un elevado porcentaje de centros penitenciarios en este país, han padecido de manera recurrente graves deficiencias normativas, procedimentales y operativas.
Deficiencias que se pueden agrupar en dos rubros, aunque sea sólo para diferenciarlas, pues en conjunto constituyen una realidad endémica que es inocultable y afecta la administración y gobernabilidad de un elevado porcentaje de los centros de reclusión que conforman el Sistema Penitenciario Nacional.
El primero de estos rubros se deriva de la limitada o inadecuada infraestructura con que cuentan los establecimientos y a la deficiente administración de los espacios de que disponen, lo que provoca el fenómeno de hacinamiento. A esto se suma la falta de personal de vigilancia y custodia.
El segundo rubro está ubicado en el abuso de la prisión preventiva, que es el principal detonante de la sobrepoblación en los penales, como han venido señalando diversos estudios nacionales e internacionales desde hace años.
La sobrepoblación y hacinamiento penitenciarios conlleva mayores problemas, pues son el factor que propicia la contaminación criminógena, que no es otra cosa que la convivencia entre población sentenciada y procesada; la inadecuada separación de hombres y mujeres en áreas de servicio médico, en las actividades educativas y la visita íntima.
La suma de los factores ya señalados, así como la falta de recursos públicos, propició que en 2010 el entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa recurriera al financiamiento privado, bajo el esquema de Contratos de Prestación de Servicios (CPS), para construir ocho nuevos centros penitenciarios federales, con el propósito de abatir el hacinamiento y mejorar las condiciones de reclusión de las personas que cumplen sus sentencias o que se encuentran sujetas a proceso.
Recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) ventiló actos condenables ocurridos en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos). La dependencia tiene como testigo colaborador a Javier Haro de Alva, quien fuera hasta 2019 director general de administración en el Servicio de Protección Federal, un órgano de la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Dicho testigo colaborador ayudará a acreditar la responsabilidad de 20 exfuncionarios del Sistema Penitenciario Federal (SPF) en actos ilícitos que se cometieron durante los procesos de adjudicación, contratación y construcción de ocho Ceferesos que fueron desarrollados con recursos de la Iniciativa Privada (IP) que involucraron un acuerdo superior a los 270 mil millones de pesos.
Javier Haro de Alva, según su trayectoria laboral, fue director de administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). La lista de implicados en los ilícitos cometidos en los penales federales de Durango, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán, la encabeza Celina Oseguera Parra, exdirectora de penales federales. La FGR, en este caso, ha solicitado la comparecencia, como imputado, del exdirector del heroico Colegio Militar y el excomandante de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, general Sergio Alberto Martínez Castuera, Quien en esta administración fue coordinador de prisiones federales y se llegó a mencionar como posible sustituto del exsecretario Alfonso Durazo Montaño.
La relación de probables imputados es larga: hay 18 más en lista de espera.
