México.- La diputada Dulce María Sauri Riancho y el diputado Rubén Moreira Valdez, del PRI, demandaron al Gobierno Federal un informe de las políticas públicas de fomento a la agroecología, particularmente del uso agrícola del herbicida llamado glifosato, sustancia que organizaciones ambientalistas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifican como un probable agente cancerígeno en seres humanos y animales.
En un comunicado, consideraron necesario que en el gabinete se pongan de acuerdo y normen criterios para evaluar el uso y control de herbicidas.
Solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pida a tres secretarías de Estado información respecto a los efectos económicos y de soberanía alimentaria por la posible prohibición de este producto químico, así como, el impacto en la salud de los mexicanos.
La petición compromete al Ejecutivo Federal a crear una Comisión Intersecretarial, con el objetivo de coordinar y elaborar políticas públicas que puedan regular el uso del herbicida de forma sustentable, sin afectar el medio ambiente, ni la salud pública, pero sin perjudicar a los agricultores que requieran su utilización responsable, así como transparentar las decisiones que al respecto se tomen, en beneficio de la agricultura sustentable y de la soberanía de nuestro país, detallaron.
Asimismo, piden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe de resultados de los efectos del glifosato en el medio ambiente y la agroecología, así como de las secuelas investigadas en seres vivos, mamíferos, peces, insectos y humanos, relacionados con la agricultura.
“La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) deberá reportar al Poder Legislativo las repercusiones en la producción de alimentos, alteración en las cosechas y el impacto al sistema alimentario, los empleos y suministro de insumos para la agricultura de exportación, ante la probable prohibición de este ácido orgánico, exterminador de maleza”, abundaron.
Por lo que se refiere a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reclamaron informe sobre los acuerdos binacionales, de intención o cooperación de México con el gobierno los Estados Unidos de Norte América, a fin de combatir la producción y distribución de estupefacientes o sustancias prohibidas, respectivamente con el uso de herbicidas, como el glifosato, para la aspersión aérea o terrestre en los cultivos ilegales.
Los legisladores priistas determinaron que el Gobierno Federal debe transparentar sus decisiones respecto al uso o prohibición de esta sustancia, porque no es posible que exista desavenencia entre la Semarnat y la Sader.
Con información de la Cámara de Diputados
